viernes, 11 de agosto de 2017

OSINERGMIN: SIN BRÚJULA NI REGULACIÓN

ABUSOS AL CONSUMIDOR REGULADO

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

La tarifa eléctrica en nuestro país tiene tres componentes que reflejan a los distintos actores empresariales que interactúan en el sector. Por un lado, la parte de generación que constituye la más importante de la tarifa representando un poco más del 52 % del costo, donde compiten una serie de empresas por despachar primero en el sistema; éste componente en los últimos años se ha caracterizado por una creciente sobreoferta en la capacidad de producción de energía, la misma que ha sido inducida por la generosidad de las políticas del sector, es decir del estado, asegurando una rentabilidad sin mayores riesgos en la reserva fría, energía no convencional, nodo energético del sur, etc., con subsidios varios, que en última instancia los asume el consumidor final, que somos los casi ocho millones de clientes regulados.

Lo curioso es que las tarifas eléctricas en lugar de bajar se incrementan en razón de las distorsiones que caracterizan al sector eléctrico, tal vez el sector más rentable de la economía peruana, después de las ganancias en el sector minero, a pesar del carácter de servicio público, y constituir un negocio ligado al mercado interno.

Por ello, si el PBI aumenta la demanda eléctrica y por tanto la producción se incrementa por lo menos 2 puntos porcentuales por encima de la tasa de crecimiento del PBI. Por tanto, cuando se crecía en promedio a tasas del 6 % del PBI, la demanda de electricidad se disparaba por delante. En cambio, si crecemos a menos del 3 % la demanda amengua y qué pasa con aquellas empresas que invirtieron en demasía en la generación con más unidades de potencia instalada, esperanzados en el destrabe de los megaproyectos mineros.

Según los datos oficiales esta capacidad de oferta de energía bordea el 50 % y se ha convertido en un problema económico para las empresas de generación que pueden ser hidráulicas si utilizan la fuerza de las aguas para generar energía, o de generación térmica si utilizan el gas natural para quemarlo como combustible, así también pueden consumir los derivados del petróleo como el diésel y petróleo residual.

Los otros componentes de la tarifa están constituidos por los costos de transmisión como por los costos de distribución, que configuran “monopolios naturales”, pues no es posible fomentar la competencia. Si usted vive en Lima Norte o Lima Sur por ejemplo, el suministro para un cliente regulado, una vivienda familiar es otorgado por Edelnor, que ahora se denomina Enel Distribución Perú, y Luz del Sur del grupo Sempra, que a pesar de las importantes utilidades operativas obtenidas están racionalizando personal, es decir, invitando al retiro a los trabajadores más antiguos, para contratar fuerza de trabajo a costos menores.

Sea como fuere, los diversos voceros del sector señalan que la situación eléctrica es difícil en la presente coyuntura pues estarían ganando menos, por la fuerte competencia entre los generadores por abastecer en mejores términos a los clientes libres, sobre todo a las empresas que pueden negociar las tarifas eléctricas directamente con un generador y/o distribuidor eléctrico, el que le ofrezca la menor tarifa.

Es más, con los últimos cambios en la legislación sectorial en el mercado de corto plazo o “mercado spot” que antes era privilegio solamente de las empresas de generación representados por el cartel del COES-SINAC (Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional), ahora podrían intervenir los grandes usuarios, es decir las grandes empresas para comprar directamente su electricidad, atraídos por los bajos precios de la electricidad en dicho mercado.

Tratando de ser comprendido por usted amable lector, según la normatividad del sector eléctrico en nuestro país existen tres mercados. El mercado regulado de baja tensión al cual pertenecemos los usuarios residenciales y de pequeño comercio. Luego está el mercado libre, conformado por menos de 400 empresas que compran directamente su energía a través de contratos de largo plazo, con las empresas de generación o distribuidoras. Por último, está el mercado de corto plazo, donde compran y venden electricidad las empresas de generación y no más de cinco grandes usuarios en la práctica, sobre todo mineras, que pueden negociar hasta el 10% de sus requerimientos de electricidad en el mercado “spot”.

Lo curioso es que a pesar de las múltiples quejas por la sobreoferta de capacidad de producción, las empresas siguen percibiendo grandes utilidades operativas y netas, las cuales serían mayores si se suman los montos que se deducen por concepto de depreciaciones y amortizaciones que se cargan a los costos de ventas pero que constituyen parte del flujo de caja, es decir forman parte del excedente económico.

Una distorsión que expresa la rentabilidad extraordinaria está en relación a los costos por megavatio hora (Mw/h) que tiene que pagar el usuario regulado que bordea los US$ 65 dólares el megavatio, mientras los clientes libres, es decir las grandes empresas pueden comprar su energía a precios menores a los US $ 30 dólares el Mw/h, incluso en el pasado reciente llegó a un costo de US $ 22 dólares el megavatio hora.

El problema para las empresas de generación que compiten en el mercado de corto plazo, el denominado mercado “spot”, es que gracias a la sobreoferta de capacidad de producción el precio de la energía, que se expresa por el costo marginal, ha venido disminuyendo dramáticamente en los últimos meses.  Como es un mercado altamente especulativo y todos quieren su tajada de la torta, compiten en una guerra de precios. Así el costo marginal que estaba a US $ 20 dólares por megavatio hora (Mw/h) ahora bordea casi la mitad para disgusto y preocupación de las empresas generadoras.

Así, esta realidad que debiera favorecer al cliente regulado por la propia naturaleza del negocio solamente privilegia a los clientes libres, es decir a las empresas que pueden abonar o pactar sus precios de energía a una tercera parte del precio pagado por los clientes regulados. ¿Dónde está el Osinergmin para ajustar las tarifas reguladas hacia abajo, si el diferencial con las tarifas de los clientes libres es mayor al 10%?

UTILIDADES OPERATIVAS SUBEN POR ASCENSOR

En el cuadro “Las Principales Empresas Eléctricas con Mayores Utilidades Operativas” 2011-2016 en miles de soles, lo cual significa que debemos agregar tres ceros a las cifras para evitar malentendidos.

 Con la información correspondiente hemos seleccionado a las principales empresas que operan en la actividad de generación, transmisión y distribución eléctrica, donde casi todas obtienen mayores utilidades operativas, que representa la utilidad como negocio en marcha, rentabilidad que sería mayor si se le suman los montos correspondientes a las depreciaciones y amortizaciones (Utilidad operativa más depreciaciones más amortizaciones es igual a la Generación Interna de Recursos GIR) que resulta ser el mejor indicador de la rentabilidad empresarial.

Como resulta evidente las primeras cuatros empresas en tener las mayores utilidades operativas, descontando a los ingresos los costos de venta, y los gastos de venta y gastos de administración, resultan estar representadas por Enersur ahora Engie Energía Perú, la estatal Electroperú, Edegel ahora denominada Enel Generación y Kallpa Generación del grupo Israel Corporation.

En el caso de Enersur del grupo Suez Energy las utilidades operativas en el período 2011 al 2016 pasan de ser 373 millones para ubicarse en 900 millones de soles, pese a la sobreoferta de capacidad de producción. Se puede decir que las utilidades de dicha empresa ascienden como la espuma de las cervezas.

La estatal ElectroPerú solamente por abrir y cerrar las compuertas de las centrales de Antúnez de Mayolo y Restitución en el río Mantaro en la región de  Huancavelica, obtiene crecientes utilidades operativas en el período que van desde los 372 millones de nuevos soles en el 2011 para llegar a los 518 millones en el 2016.

En el caso de Enel Generación antes Edegel y Kallpa tienen utilidades operativas importantes gracias a los precios regulados del gas natural de Camisea proveniente del lote 88. El gas barato de Camisea les permite a Enersur, Enel Generación y Kallpa obtener utilidades extraordinarias, pues el negocio es comprar gas barato para sus turbinas y venden energía cara al sistema, e incluso ganan relativamente más vendiendo a los clientes libres y a las empresas de distribución mediante subastas de energía.

Como se expresa en el cuadro a pesar del denominado momento crítico de las empresas eléctricas producto de la sobreoferta de capacidad de producción, menor crecimiento del PBI, subsidios tarifarios, las utilidades operativas de las empresas de generación, transmisión y distribución se incrementan a pesar de todo gracias a las distorsiones y abusos al consumidor a vista y paciencia del Osinergmin, supuestamente organismo regulador.




viernes, 21 de julio de 2017

LOS TRABAJADORES MINEROS NO TIENEN BENEFICIOS TRIBUTARIOS, LAS EMPRESAS SÍ

¡LA HUELGA MINERA SE JUSTIFICA!

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

La actividad minera secreta un crecimiento empobrecedor, tanto por la débil contribución fiscal medida por el derrumbe del impuesto a la renta del sector metálico que se hace evidente con los menores precios de los metales a partir del 2014 para adelante con una relativa recuperación en el primer semestre 2017.

Esta débil contribución fiscal tiene su explicación por los llamados beneficios tributarios que gozan las empresas mineras a través de una serie de partidas deducibles como las depreciaciones, amortizaciones, deterioro de activos, gastos de exploración hasta el lonchecito del gerente.

Es más, el nuevo marco tributario que estableció las nuevas regalías, el gravamen e impuesto especial que fueron aplicadas sobre el margen operativo, al principio del gobierno anterior (oct. 2011) en sustitución del impuesto extraordinario a las ganancias, tienen la consideración de gastos tributarios, por tanto también se deducen y minimizan la renta imponible, para determinar el impuesto a la renta.

Esto explica el deterioro y la menor participación de los trabajadores mineros en las utilidades que por ley deben distribuirse como el 8 por ciento de la renta neta imponible. En tal sentido, existe una gran diferencia entre la utilidad antes de impuesto según el estado de ganancias y pérdidas (Estado de Resultados) y otra es la realidad de la renta neta imponible, sujeta a una serie de deducciones de partidas que se consideran gasto tributario.

En tal sentido, desde el 2014 con la disminución de los precios de los metales, los menores ingresos y utilidades de las empresas, se reduce la participación de los trabajadores en las utilidades. Sin embargo mientras las empresas mineras, en especial aquellas que han firmado con el estado peruano los denominados contratos de estabilidad jurídica, tributaria y administrativa tienen “escudos fiscales” para enfrentar los años de vacas flacas, los trabajadores producen más, con más fallecidos por accidentes de trabajo, con menores salarios y una significativa reducción en la participación de utilidades.

Por tanto, si en los años de bonanza un trabajador obrero de la gran minería podía percibir por concepto de participación en las utilidades por ejemplo 100,000 soles en un año, en la coyuntura de “vacas flacas” si percibe 30,000 soles es mucho, pues en algunas empresas que recién han iniciado la producción de cobre como Las Bambas, Chinalco y Constancia, generan “pérdidas tributarias” pues no tienen utilidades imponibles pues tienen cuatro años para la recuperación de sus inversiones.

Peor es la realidad de los trabajadores de las llamadas “empresas de contrata” minera donde muchas de ellas constituyen empresas de fachada, pues en realidad los titulares son las mismas empresas mineras que adoptan formalmente otros nombres.

En estas empresas de contratas, los trabajadores  que realizan las mismas actividades laborales que los trabajadores de planilla estable, que comparten incluso la misma movilidad y comedor, los salarios son mucho menores y su participación en las utilidades es mínima, una fracción en relación a la que perciben los trabajadores estables.

Así, mientras las empresas mineras titulares de las concesiones y contratos de estabilidad jurídica gozan de una serie de beneficios que serían impensables en los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá o Australia, en nuestro país tienen escudos fiscales y abonos mínimos del impuesto a la renta, a pesar de los mayores volúmenes extraídos de los minerales que se obtienen para compensar los menores precios. (Al respecto ver cuadros)

Ello es especialmente grave cuando se analiza el impuesto a la renta por la actividad de la minería metálica y la devolución de los impuestos internos a las empresas mineras, especialmente el impuesto general a las ventas (IGV) en razón del principio de la contabilidad internacional que no se exportan impuestos.

En tal sentido, el 18 por ciento del IGV por los bienes y servicios pagados por las empresas mineras que son necesarios en la etapa pre operativa y comercial, deben ser devueltos a las empresas como crédito fiscal al menos, con lo cual se profundiza la pobreza fiscal del estado para satisfacer las necesidades sociales mínimas como educación y salud de calidad. Ello explica en parte la huelga de médicos y maestros que tiende a extenderse en el país.

Especialmente grave es el período comprendido entre el 2012 al 2016, marcado por un derrumbe del impuesto a la renta captado por el fisco que dicho sea de paso se constituye en la base del canon minero (50 %). Por tanto, el canon minero que debía distribuirse a más tardar desde junio del 2017 teniendo como base el impuesto a la renta efectivamente pagado por los titulares mineros por el ejercicio fiscal del 2016, prácticamente será irrisorio, enano, afectando a las regiones mineras como Arequipa, Cuzco, Ancash, Tacna, Moquegua entre otras.

Así, en el cuadro “Pago de Impuesto a la Renta Regularizado Vs. Devolución de Tributos Internos para la Actividad Minera Metálica” expresado en millones de soles se puede captar la pobreza fiscal en relación al sector más rentable de la economía peruana.

En el año 2012 el impuesto a la renta captado por el fisco sumó los 6,456 millones de soles mientras los montos devueltos a las empresas por concepto de IGV fueron de 1,959 millones de soles. En el 2015 con la maduración de los nuevos proyectos mineros y las ampliaciones efectuadas, sumado a los beneficios tributarios, el impuesto a la renta llegó a los 1,211 millones de soles, mientras la devolución de impuestos trepó a los 2,385 millones de soles; todo ello gracias al marco tributario, los menores ingresos y utilidades empresariales.

El desastre se verifica en el 2016 donde el impuesto a la renta pagado por la minería metálica se desplomó a los 894 millones de soles, sin embargo la devolución de impuestos indirectos como el IGV a las empresas fue de 5,889 millones de soles, es decir más de seis veces más.

Este es el efecto del nuevo marco tributario, los menores ingresos de exportación y los beneficios tributarios. En tal sentido, estas son las consecuencias de la “negociación amigable” a la cual llegó el Consejo de Ministros en setiembre del 2011, presidido por el inefable Salomón Lerner, teniendo como Ministros de Economía a Luis Castilla y de Energía y Minas a Herrera Descalzi, todos los cuales debieran ser citados por el Congreso de la República para las explicaciones respectivas por el evidente faneón minero, pues si las regalías mineras se hubiesen mantenido como el 3 por ciento de los ingresos de ventas, el fisco tendría actualmente mayores ingresos.

En conclusión, en la presente coyuntura el estado tiene que rascar la olla de los ingresos fiscales para devolver el IGV a las actividades de exportación mientras se des acelera la economía, aumenta el déficit fiscal, y las presiones sociales se generalizan por mayores sueldos y salarios en los maestros, médicos, empleados y especialmente de los trabajadores mineros que experimentan en carne propia la sobrexplotación a pesar de ser los forjadores de la riqueza minera

“Gracias al principio contable que no se exportan impuestos, se deben devolver los impuestos indirectos como el IGV, el estado no tiene los suficientes recursos para financiar las necesidades básicas de educación, salud, y seguridad. Es hora de pensar en un impuesto flat a las exportaciones”


“El lado oscuro del aumento de la producción minero metálica especialmente del cobre, hierro y plata es la sobreexplotación de la fuerza de trabajo expresado en los bajos salarios, mínima participación en las utilidades, y las precarias condiciones de trabajo. Solamente en el período enero a junio del 2017 en el sector se reconocen oficialmente 17 trabajadores fallecidos.







miércoles, 14 de junio de 2017

Denuncian posible concertación en el precio del gas*

Producto sensible. Advierten además sobre costos a nivel del productor en Camisea. Asociación de consumidores exige a autoridades defender los intereses del ama de casa.

La República: 13 Jun 2017 | 06:30 horas
Redacción: Carlos Bessombes

El margen comercial en el GLP llega casi a los S/ 20 por cada balón doméstico, según revela estructura de precios que reporta mes a mes el Osinergmin.

Como explica el Opecu, dentro de esta parte de la cadena se encuentran los envasadores, el costo de transporte y los distribuidores tanto mayoristas como minoristas.

Héctor Plate, presidente del Opecu señala que así como los consumidores nos hemos sentido engañados en el tema lácteo, ya es hora de que las autoridades fijen su ojo fiscalizador en la comercialización de los hidrocarburos.

“A qué se refieren las autoridades cuando dicen que es una cuestión de mercado, cuando el mercado tal y como está no favorece al consumidor y hay claro indicio de que existe concertación de precios”, señaló Plate.

Mercado cautivo
Para Jorge Manco Zaconetti, investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) una de las distorsiones del mercado de GLP es porque si bien existen 115 envasadoras, son seis las que concentran el 85% en Lima y Callao.

Reveló que en Mala, al sur de la capital y por donde pasa el ducto de gas natural que viene de Camisea, el balón de gas cuesta S/ 50. Mientras que en Quillabamba (La Convención-Cusco) zona de donde se extrae el gas, el balón cuesta más de S/60. “Hay concertación de precios e Indecopi callado la boca, mientras el consumidor sigue pagando sobre precios”, criticó.


Anotó que un asunto más grave es que de ser autónomos en GLP (nuestra producción satisfacía la demanda interna) desde hace tres años se importa para abastecer el sur del país. Hoy es de público conocimiento que en diversas ciudades del sur del país se vende gas de Bolivia a menos de S/ 20 el balón de 10 kilos.

Precios dispares
Otra distorsión del mercado de GLP, según advierte el investigador sanmarquino viene desde el precio del productor.

Actualmente alrededor del 85% del GLP usado en el país viene de los campos de Camisea, exactamente del Lote 88 y 56 de Pluspetrol y del Lote 57 de Repsol.

De estos lotes se producen los líquidos de gas natural que son la materia prima del GLP que luego son trasladados a la planta de fraccionamiento de Pisco. Se calcula que esa producción supera los 90 mil barriles diarios de líquidos de gas natural.

“Pero si el precio del petróleo está a US$ 50 el barril, esos líquidos de gas natural están a US$ 35 a US$ 38 el barril. Esto quiere decir que cuando Pluspetrol vende el GLP lo hace equiparándose con el precio del petróleo. Allí se nos carga a los consumidores otro sobrecosto injustificado”, explicó el especialista.

Manco recalcó que como el balón de GLP en nuestro país tiene como insumo el gas natural de Camisea, no existe razón para que no cueste menos. “A lo mucho el balón de gas domiciliario debería costar S/ 25 y aún así el productor estaría ganando y los envasadores también, pero lo que existe es concertación en la distribucion y sobrecostos en la producción”, remarcó.

Claves
El precio promedio del balón de gas de 10 kg es de S/ 37, según el Osinergmin.
El precio del balón, sin agregarle todo el margen comercial es de S/ 17.
El GLP está gravado únicamente con el IGV (18%) que representa en promedio a S/0,27 por kilo, o S/2,70 por cada balón.
Hasta el 2013, el Osinergmin publicaba el margen del envasador, información que hoy sería de utilidad.

(*) Ver Diario la República:

jueves, 11 de mayo de 2017

UNA PERLA MÁS DEL MINISTRO LOBBISTA

FOMENTANDO LA INSEGURIDAD EN EL ABASTECIMIENTO DEL GLP

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

Después de casi doce años, un año más un año menos, un ministro lobista como Gonzalo Tamayo ha declarado como ineficiente el proyecto de construcción del ducto de GLP que tenía un trazo desde Pisco a Lurín, con el objetivo fundamental de asegurar el abastecimiento del gas licuado de petróleo (GLP) en Lima, que se constituye en el principal mercado de dicho combustible a nivel país.

¿Qué se podía esperar de un ministro lobista? Él mismo que hasta julio del 2016 como gerente general de Macroconsult, asesoraba a las empresas del sector energético como el Consorcio Camisea, Edelnor, Edegel, Eléctrica de Piura, Pluspetrol, Lima, Perú LNG entre otras empresas representativas del sector.

No es una coincidencia histórica que las empresas conformantes del Consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil, Repsol, SK de Corea del Sur, etc.) se han opuesto siempre a la construcción del ducto de GLP que desde el 2005 Proinversión asumió en el paquete de proyectos de inversión con participación del sector privado, con la finalidad de otorgar seguridad en el abastecimiento de GLP ante las anomalías del oleaje que impide la carga y descarga de este combustible en los buques tanqueros, que transportan el GLP desde Pisco al Callao.

En tal sentido la construcción del ducto de 246 kilómetros afianzaba la seguridad en el abastecimiento del GLP en Lima, dejando de lado el flete que  cobra Pluspetrol  a los miles de usuarios de este vital combustible. Por la tonelada de GLP transportado en los buques tanqueros contratados por Repsol y Pluspetrol se  cobra $ 80 dólares o más. Para el ministro del sector esto es eficiencia privada en contra del interés de los consumidores.

Es evidente que este negocio privado hubiese sido desplazado con la existencia de un ducto que transporte el GLP que es una mezcla de propano y butano, que se obtiene en Pisco en volúmenes que superan los 40 mil barriles diarios.

En este contexto el Consorcio Camisea es el más importante productor de este derivado que se obtiene a partir de los líquidos de gas natural provenientes de los lotes 88 y 56, siendo el operador la empresa Pluspetrol que tiene una participación del 27.2 por ciento en el consorcio.

La razón de fondo del descarte en la construcción del ducto de GLP que nuestro ministro  lobista soslaya es la naturaleza del contrato de licencia que tiene firmados con el estado peruano el Consorcio Camisea.

Con un contrato de licencia y el abono de regalías respectivas, la empresa privada asume la propiedad de las moléculas, en este caso del propano y butano del GLP y pueden hacer con las mismas lo que mejor les convenga, prueba de ello es el boicot que desde el 2005 han efectuado para la construcción del ducto.

En tal sentido se debe recordar que en algún momento Graña Y Montero que no tenía el desprestigio que tiene ahora en la década pasada ganó la licitación para la construcción del ducto de GLP, pero no tenía la seguridad del abastecimiento del combustible pues la empresa petrolera Pluspetrol no tenía el mayor interés. ¡Así, funcionan las cosas en el país!


Con esta decisión del ministro que graciosamente y curiosamente coincide con los intereses privados, los consumidores seguiremos asumiendo los altos costos del transporte marítimo del GLP, y lo más grave es que ante los anormales oleajes marinos que serán más recurrentes en razón del cambio climático, el desabastecimiento temporal y la especulación de precios respectiva también serán más frecuentes.

jueves, 9 de marzo de 2017

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE LA Nº 1

MÁS COBRE CON UN ALTO COSTO SOCIAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI

En el 2016 gracias a las inversiones mineras financiadas en gran parte por los beneficios tributarios como la reinversión de utilidades, arrastre de pérdidas, depreciación acelerada entre otros, otorgados por el estado peruano para hacer posible las ampliaciones y nuevos proyectos de las empresas en especial de las cupríferas (Las Bambas, Chinalco, Hudbay), la producción de cobre en nuestro país ha superado los 2.3 millones de toneladas finas equivalentes (TMF), sobrepasando los niveles alcanzados en el 2015 donde la producción fue de 1.7 millones (TMF).


Ello significa un incremento   absoluto de 653 mil toneladas finas equivalentes a una variación del 38.40 por ciento, según el cuadro respectivo. En tal sentido, debemos identificar a las empresas mineras que están explicando este incremento productivo que constituye la respuesta para enfrentar los menores precios del cobre después de la bonanza que tuvo su pico más alto en el 2011 cuando alcanzaron los niveles de casi 4 dólares la libra.


En el 2015 el precio promedio de la libra de cobre fino fue de US $ 2.11 y en el 2016 de US $ 1.85, aunque en los primeros meses del 2017 se verifica una mejoría superando los US $ 2.50 la libra. Por tanto frente a estos niveles de precios la respuesta empresarial constituye el aumento de la producción de la forma más acelerada posible, con el agravante que la mayor parte de la producción de cobre en nuestro país está constituida por  concentrados que se castigan en el mercado mundial con menores precios, con la excepción de la producción de la SPCC, que procesa y refina sus concentrados.

En primer lugar, destaca la Sociedad Mra. Cerro Verde donde la producción se incrementa  de las 256 mil toneladas finas (TMF) alcanzadas en el 2015 a más de 522 mil toneladas en el 2016. Es decir, la producción prácticamente se duplica, gracias a las sucesivas ampliaciones que desde el 2006 ha tenido esta empresa minera.

Evidentemente este aumento coloca a la Sociedad Mra. Cerro Verde S.A.A. en el primer lugar de la producción del metal rojo en nuestro país tal como se puede observar en el cuadro respectivo, superando a SPCC, a la Mra. Antamina, Tintaya/Antapaccay, y a la reciente producción de Las Bambas que en el primer año de operaciones se ha posicionado en el tercer lugar de la producción cuprífera.

En un segundo lugar, la Compañía Mra. Antamina ha producido 443 mil TM incrementando la producción en 31,652 TM en relación al 2015, lo cual significa una modesta variación del 7.68 por ciento, pues está privilegiando la producción de zinc. En cambio destaca la producción de Las Bambas con 329 mil toneladas en el 2016 y se espera que antes del 2018 supere las 500 mil TM, pese a los problemas sociales.

En tercer lugar, debe mencionarse la menor producción relativa de SPCC y de la Mra. Chinalco, con variaciones negativas del orden de 2.77 por ciento y 7.5 por ciento respectivamente en el 2016 en relación al 2015. En el caso de la Southern Perú Copper ello estaría demostrando el agotamiento y la menor ley de los yacimientos de Toquepala, y de otro lado la necesidad imperiosa de nuevos proyectos que tiene el Grupo México como la cuestionada Tía María y el proyecto Los Chancas, que serán la prueba de fuego del gobierno de PPK que pretende  destrabar las inversiones en general y  mineras en particular.

Igualmente no deja de sorprender la disminución productiva de la empresa china responsable del proyecto Toromocho, Mra. Chinalco cuando hacia comienzos del 2016 anunciaba superar las 220 mil TM anuales en concentrados de cobre. Se puede afirmar que los problemas laborales, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo,  la exigencia de usar maquinaria china de baja calidad y los altos contenidos de azufre en los concentrados de cobre les está pasando la factura.



UN CERRO VERDE EN CUESTIÓN

Sin lugar a dudas destaca la producción de Cerro Verde que tiene un bajo costo tributario y un alto costo social, pues producto de las reinversiones sucesivas el impuesto a la renta pagado por esta empresa  se ha derrumbado en los últimos años, lo cual seguirá afectando el canon minero que se distribuye para el departamento de Arequipa que en el 2016 por el ejercicio 2015 percibió menos de 22 millones de soles por concepto de canon minero.
De la misma forma para el presente año el panorama también se presenta sombrío, gracias a las deducciones varias que aplica la empresa para determinar la utilidad imponible.

Sin embargo, a nivel económico la empresa recupera los niveles de ingreso de la época de bonanza superando los US $ 2,384 millones de dólares en el 2016 más que duplicando los ingresos del año anterior que sumaron los US $ 1,115 millones de dólares. Es más, los ingresos del último año superan a los alcanzados del 2008, 2010 y resultan un poco menores al mejor año que fue el 2011. En tal sentido, cabe preguntarse en estos años de vacas flacas, ¿qué empresa duplica sus ingresos?

Igualmente la utilidad operativa suma los US $676 millones de dólares casi cuatro veces más a las utilidades operativas del 2015 que arribaron a los US$ 171 millones de dólares, lo cual expresa la fortaleza del negocio minero, y la lógica empresarial ante los menores precios del cobre.

En el mismo sentido, las utilidades netas fueron del orden de los US $ 340 millones de dólares, superiores a las del 2015 que apenas sumaron los US $ 33 millones. Ello se explica evidentemente por los altos montos de depreciaciones, amortizaciones, deterioro de activos, deducciones varias que aplica la empresa para disminuir la utilidad imponible, y de pasada el impuesto a la renta por abonar.



Por ello, para el 10 de marzo del presente año, los trabajadores organizados en el Sindicato de Cerro Verde, han anunciado el inicio de una huelga general indefinida, por varias razones laborales. En primer término, la mejora de las condiciones de seguridad, pues entre el 23 y 24 de febrero del 2017, dos accidentes fatales han causado una gran conmoción en una empresa que se jactaba de ser de las mejores en cuanto a las normas de seguridad.

Los trabajadores Arratea Ale, Wisthon y Cohen Ruiz, Frank son las víctimas de esta insaciable sed de ganancias, de la avaricia del capital por la recuperación rápida de las inversiones. También exigen la mejora de las remuneraciones con salarios dignos que guarden correspondencia con la riqueza creada, que la empresa aprovechando el marco tributario vigente minimiza, pues a más inversiones más depreciaciones, más pérdidas tributarias, lo cual disminuye la participación en las utilidades de los trabajadores y lo más importante vuelve irrisorio el canon minero para el departamento de Arequipa.

viernes, 17 de febrero de 2017

CORPORACIÓN LINDLEY: UN AÑO MÁS SIN UTILIDADES

PARA BEBERTE MEJOR LAS UTILIDADES

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

Han transcurrido más de 15 meses durante los cuales el control mayoritario de las acciones y la toma de decisiones más importantes en la Corporación Lindley  la tienen los dueños mexicanos que cuentan como “presidente del directorio de lujo” al que fuera el mandamás de la emblemática corporación identificada con la bebida de sabor nacional: Jhonny Lindley Suárez, bisnieto del fundador de la firma, que como trabajador calificado debería estar preocupado por una distribución equitativa en las utilidades.
Como no podía ser de otra manera, como en el pasado los cientos de trabajadores de la corporación no tendrán una justa participación en las utilidades a pesar de los importantes resultados económicos financieros alcanzados en el 2016. Todo ello fue posible gracias al esfuerzo, capacidad y productividad de los trabajadores.
Sirva de base algunos resultados para entender el grave malestar en los trabajadores desde el más modesto obrero hasta los funcionarios y ejecutivos de confianza. En el 2015 la utilidad operativa sin considerar las depreciaciones y amortizaciones que forman parte del excedente económico, sumó  los 221 millones de soles. En el 2016 se han más que duplicado pasando a ser 531 millones de soles. Es decir, la tasa de la rentabilidad operativa se ha incrementado en  140 por ciento, ni las empresas mineras ni eléctricas tienen ese margen. Ver cuadro respectivo.
La utilidad y/o pérdida antes de participaciones laborales y pago de impuestos estaba en el 2015 en rojo con una pérdida de 129 millones de soles. En cambio, en el 2016 se remonta espectacularmente y suma una utilidad de 316 millones de soles, sin embargo los trabajadores nuevamente verán enajenadas su participación en las utilidades en razón de una serie de artilugios y maniobras contables.
En verdad, por el ejercicio del 2016 los trabajadores de la Corporación Lindley tendrán una ridícula participación en las utilidades pues tendrán que devolver los préstamos otorgados en el pasado, los mismos que graciosamente otorgaba la empresa como una falsa compensación de las utilidades enajenadas y justificadas  por supuestas y arbitrarias pérdidas.
Por tanto si a la devolución de los préstamos otorgados en el pasado se suma el impuesto a la renta de quinta categoría que tienen que abonar al fisco, pues los trabajadores no gozan de beneficios tributarios ni devolución de impuestos como tiene la empresa, en la práctica van a seguir teniendo los bolsillos vacíos a pesar de las millonarias utilidades generadas gracias a su capacidad de trabajo.
Esta realidad se debe agravar en el futuro próximo hasta el 2021 por lo menos por el financiamiento asumido por la trasnacional mexicana Arca Continental con la banca de dicho país que debe ser repagada con los excedentes entiéndase utilidades que se genere en el Perú por la Corporación Lindley. Es decir, los trabajadores seguirán percibiendo migajas por concepto de utilidades.
Esta situación se debe agravar, es decir la fuga de excedentes con el acuerdo arribado por medio del cual Arca Continental aportará a su filial mexicana su participación en los negocios de bebidas de las operaciones de México, Argentina, Perú, Ecuador  como respaldo y garantía en el acuerdo llegado con la gigante Coca Cola Company para ser el embotellador exclusivo en el Suroeste de los Estados Unidos de Norteamérica (Nota 20 de los Estados Financieros)
En verdad, resulta urgente y necesario explicar como de una utilidad antes de participaciones e impuesto a la renta de 316 millones de soles en el 2016 se llega a una utilidad imponible de 194 millones de soles, donde no solamente se afecta la caja fiscal si no también los intereses de los trabajadores, que verían nuevamente frustradas sus expectativas de tener una justa participación en las utilidades.
Se debe tener presente que en más de un siglo de existencia la Corporación Lindley fue posible gracias al esfuerzo de sus trabajadores. Ahora bajo una nueva administración en el 2016 ha logrado resultados históricos en ingresos, en cajas producidas y utilidades, convirtiéndose la participación del Perú en la más importante de América Latina, superando al Ecuador y Argentina, según sus propios voceros.
Si bien hacia fines del 2015 las diversas fracciones de la familia Lindley vendieron la mayoría accionaria percibiendo más de 971 millones de dólares de parte de la transnacional mexicana Arca Continental. De esta transacción los trabajadores fueron convidados de piedra pues no recibieron “ni un dólar de plata” como reconocimiento a pesar de ser los principales forjadores de dicha riqueza.
 Ahora con una serie de mecanismos y maniobras contables como: depreciaciones y amortizaciones que se cargan al costo, deterioro de activos, amortización de intangibles, pérdidas cambiarias, indebida cobertura a futura del tipo de cambio, sobrecostos e internalización de los costos, beneficios tributarios, gastos financieros, compra/venta con relacionadas etc. Se minimiza la utilidad imponible que constituye la base para la determinación de la participación en las utilidades para los trabajadores.
Resulta evidente que esta nueva frustración de los trabajadores, sindicalizados y no sindicalizados ha de enturbiar las positivas relaciones que debieran existir entre los trabajadores y la empresa, y se busquen mecanismos compensatorios, transparentes y modernos, pues es de justicia que así como se fortalece el patrimonio de la empresa, los trabajadores deben ser reconocidos en sus utilidades con justicia.


lunes, 13 de febrero de 2017

REGALÍAS GASÍFERAS POR LOS SUELOS

LOS NEGOCIADOS DEL GAS NATURAL

ESCRIBE: JORGE MANCO ZACONETTI (Investigador UNMSM)

El escándalo mediático de los sobornos, prebendas, y pagos indebidos reconocidos por la brasileña Odebrecht en el Perú a políticos, funcionarios, autoridades regionales, municipales, líderes de opinión, no debe dejar pasar de vista la crítica situación que está pasando el fisco y las regiones que dependen del canon gasífero, que dicho sea de paso se financia en gran medida con las regalías que abonan las empresas que tienen firmados contratos con el Estado.

En el 2012 con el humalismo en su apogeo, la producción fiscalizada de gas natural sumaba los 1,144 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, destacando sobre todo la producción de los lotes 88 (mercado interno) y 56 (gas de exportación) que concentraban el 95 por ciento del conjunto de  la producción diaria, y el total de regalías percibidas por el fisco por todos  los contratos de gas sumaban los US $ 495,3 millones de dólares.

En el 2016 con PPK en el gobierno se incrementa la producción fiscalizada de gas natural llegando a los 1,350 millones de pies cúbicos diarios, es decir, se están extrayendo 206 millones de pies diarios adicionales en relación al 2012, destacando nuevamente la producción de los lotes 88, 56, y surge un nuevo operador con la producción del lote 57 bajo responsabilidad de Repsol, siendo accionista minoritario la estatal china CNPC.

Al cierre del 2016 el total de regalías percibidas por el fisco por el conjunto de los contratos de gas se han derrumbado a los US $ 267,3 millones de dólares. Es decir, a pesar de una mayor producción fiscalizada de gas natural por día calendario, los ingresos para el estado por concepto de regalías han disminuido entre el 2012 al 2016, pasando de los 495 millones de dólares a 267 millones, es decir tienen una caída del 46 por ciento.

Son 228 millones de dólares menos los que está percibiendo el estado a pesar de la mayor extracción de gas natural. Una explicación formalista sostendría que tal realidad se explicaría por la disminución del marcador del precio internacional del precio del gas como podría ser el Henry Hub. Pero ello solamente sería válido para el contrato de exportación del lote 56 que tiene en el período 2012-2016 una participación declinante en relación al total producido.

Así, en el 2012 de un total de producción a nivel país de gas natural diario de 1,144 millones de pies cúbicos la producción del lote 56 representaba el 51.1 por ciento. En el 2014 de una producción interna de 1,250 millones de pies cúbicos, el gas de exportación representaba el 41.7 por ciento. En el 2016 de una producción interna de 1,350 millones de pies cúbicos, el gas de exportación representaba solamente el 33.3 por ciento.

Ello significa que se está produciendo más gas natural para satisfacer el mercado interno, donde la producción del lote 88 destinado al mercado local, sobre todo para satisfacer la demanda eléctrica, tiene una mayor significación, gracias al precio regulado a partir de la renegociación contractual efectuada en el 2006.

En el 2012 de un total de producción a nivel país de gas natural diario de 1,144 millones de pies cúbicos la producción del lote 88 representaba el 43,4 por ciento. En el 2014 de una producción interna de 1,250 millones de pies cúbicos, el gas destinado del lote 88 para el mercado local representaba el 49.2 por ciento. Por último, en el 2016 de una producción interna de 1,350 millones de pies cúbicos, el gas del lote 88 con precio regulado significaba el 52,3 por ciento del conjunto producido.

Por tanto, gracias al precio regulado, entiéndase barato, del gas natural del lote 88 se explica la mayor cantidad demandada de los generadores eléctricos, y en menor medida de las empresas industriales, parque automotor y de los usuarios residenciales.

Es decir, al quemar el gas natural de Camisea del lote 88 y al exportar el gas proveniente del lote 56, el país está desperdiciando las posibilidades del desarrollo petroquímico, con una actividad de un mayor valor agregado, sea transformando el metano en urea o nitrato de amonio (explosivos), o explotando el etano, para obtener el etileno que se constituye en la  base de la petroquímica moderna.

Todo ello es posible en razón de la titularidad de las empresas contratistas sobre las moléculas de gas y líquidos de gas natural, pues al firmar contratos de licencia y abonar las regalías al fisco, asumen la plena propiedad sobre los recursos naturales. Es decir, las empresas deciden ¿A quién vender? Y ¿cuánto vender?

MÍSERAS REGALÍAS LOTE 56

En particular debiera llamar la atención las regalías percibidas por el contrato de exportación del lote 56 que se negoció justamente con el ahora reconocido corrupto ex presidente Alejandro Toledo, entre los años 2003 y 2005, donde se efectuaron una serie de cambios para justificar la exportación de gas natural licuefectado supuestamente hacia México.

Solamente en la lógica de un gobierno corrupto se puede entender la  serie de cambios legislativos para favorecer una indebida exportación que sigue afectando la caja fiscal por los menores ingresos percibidos por concepto de regalías pagadas por el gas natural que se exporta proveniente del lote 56.

Sirvan solamente tres puntos de las tantas observaciones que se pueden hacer al contrato del lote 56, para entender el claro favoritismo para facilitar una exportación que no hubiese posible sin los cambios legislativos y decretos supremos promulgados por un régimen cuyo presidente negociaba coimas y sobornos con empresas constructoras, mientras las empresas de hidrocarburos del llamado “Consorcio Camisea” tenían un comportamiento “transparente, angelical y pulcro” ¿?

Las empresas del Consorcio Camisea se favorecieron al recibir sin concurso ni licitación internacional: 200 millones de barriles de condensados y casi 2 trillones de pies cúbicos del lote 56, donde la empresa Mobil había realizado perforación exploratoria años atrás.

Igualmente se cambió el horizonte temporal renovado de veinte años para justificar la exportación, por un horizonte fijo a partir del anuario de hidrocarburos del 2005. Así, con las reservas probadas de gas natural en dicho año se proyectaron optimistas curvas de demanda eléctrica, industrial, automotriz y doméstica, para demostrar que había gas natural suficiente para justificar la exportación del lote 56. ¿Quiénes hicieron esto posible siguen ocupando altos cargos en la administración pública?

Por último, hacia el 2005 se empeñaron por decirlo así, 2 trillones de pies cúbicos de las reservas probadas de gas natural del lote 88, para garantizar ante la banca internacional y viabilizar el proyecto de exportación de gas natural, liderado ahora por otro consorcio denominado Perú LNG que negocia con el operador Pluspetrol.

Todo esto no hubiese sido posible sin una gran dosis de corrupción del gobierno del ahora prófugo ex presidente Alejandro Toledo, pero también de los gobiernos posteriores, que se allanaron a realizar una prolija investigación, cuyas consecuencias económicas y financieras estamos asumiendo actualmente.

Ello se hace evidente pues desde el 2011 al 2016 el valor de las regalías por concepto de gas natural proveniente del lote 56 operado por Pluspetrol Plus Corporation (PPP) ha experimentado una caída en vía libre. En el 2011 de un valor de 307 millones de dólares pasaron a ser 278 millones en el 2013, para derrumbarse en el 2015 a los miserables 35 millones de dólares y llegar a 43 millones de dólares al cierre del 2016.

Así, en el 2015 con una producción fiscalizada por PerúPetro de 422 millones de pies cúbicos diarios destinados a la exportación, la regalías por gas fueron de 34.9 millones de dólares y en el 2016 de una producción de 450 millones de pies cúbicos diarios las regalías abonadas apenas mejoraron para llegar a los 43 millones de dólares.

Resulta evidente que existe una afectación de los recursos fiscales en razón de las anomalías, perversidades, y lesividad del contrato del lote 56 que con la evidencia pública desde el 2011 al 2016 existe la constatación factual de una reexportación del gas natural licuefectado hacia mercados más rentables, dejando de pagar el valor de las regalías en función del mercado final.

Esto lo hacía antes Repsol ahora es una práctica de la transnacional angloholandesa Shell, ante la complacencia y pasividad de las más altas autoridades del Ministerio de Energía y Minas y PerúPetro.

REGALÍAS DEL 5% EN EL LOTE 57

A pesar de ser la misma configuración geológica del gran Camisea, en los lotes 57 y 58 se pactaron tasas regalías promocionales del 5 por ciento. Por ello no debiera llamar la atención las regalías miserables que pagan las empresas Repsol/CNPC titulares del lote 57 al estado, que dicho sea de paso mezquinan los derechos de servidumbre a las comunidades matsigenka del distrito de Megantoni, ofreciendo pagos irrisorios.

En el 2015 con una producción fiscalizada de gas natural de 73,3 millones de pies cúbicos diarios las regalías abonadas apenas sumaban los US $ 1’443,533 dólares, es decir un millón cuatrocientos cuarenta y tres mil dólares. En el mismo sentido, en el 2016 con una producción de 135 millones de pies cúbicos diarios pagaba US $ 3’312,201 dólares.

Por ello, no deja de ser una paradoja que las empresas petroleras que operan en Talara abonen relativamente mucho más por una menor producción fiscalizada de gas natural. Así, Savia que opera el lote Z-2B en el 2016 con una producción de apenas 7.6 millones de pies cúbicos diarios de gas natural pagaba un valor de US $ 10’104,010 dólares por concepto de regalía por gas.

Es más, la cuestionada empresa petrolera Graña y Montero que opera el lote I, para el mismo año con una producción fiscalizada de 8.2 millones de pies cúbicos diarios pagaba al fisco US $ 7.99 millones de dólares. ¡Por tanto no existe punto de comparación!

EPÍLOGO

Por tanto no existe una relación de equidad en las regalías percibidas por el estado en especial por los contratos de los lotes 56 y 57, pues los ingresos fiscales se afectan, dado que disminuye el canon gasífero para el Cuzco, y los ingresos del FOCAM para los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Ica, Ucayali y Región Lima. Como también se afectan los ingresos del canon por el gas para Piura y Tumbes.

Ello se explica en gran parte por las consecuencias económicas y sociales de la suscripción de contratos de hidrocarburos firmados en el pasado, lesivos al interés nacional y regional que fueron firmados con una alta dosis de corrupción, la misma que se está haciendo pública con las prácticas de Odebrecht y los gobiernos de turno, pero que en el sector de hidrocarburos deben investigarse exhaustivamente pues existen indicios razonables en razón de las diversas investigaciones efectuados en el Congreso de la República.