viernes, 6 de noviembre de 2015

LECCIONES A PARTIR DE PETROPERÚ Y EL LOTE 192

Escrito por Pedro Maldonado Santiago*

Publicado en la Revista IDL (noviembre 2015)**


Muchas idas y venidas se siguen dando entorno a Petroperú y la posibilidad de que retome la actividad de exploración y producción de petróleo (el llamado upstream de la industria petrolera). Lo cierto y evidente es que en cada gobierno de turno, desde la dictadura de Fujimori, hasta la fecha, han ido desmantelando y orquestando toda una campaña de desprestigio desde el MEF, MEM, Perupetro y toda la prensa de la concentración de medios, contra la empresa pública, para terminar de liquidarla, favoreciendo intereses ajenos al país. Este es el contexto en el que se desarrolla todo el debate sobre si debe explotar o no Petroperú el Lote 192 (antes 1-AB); ¿cuáles son las lecciones de todo este proceso?

La predica liberal de que el Estado per-se es ineficiente es sólo una excusa para impedir la modernización y fortalecimiento de Petroperú, es decir impedir la integración de las operaciones de refino con la producción de petróleo, sobre todo que pueda explotar lotes petroleros con reservas probadas porque de esta forma minimiza el riesgo de la inversión, para lo cual no necesariamente asumiría el control de los yacimientos sino que puede ir de manera asociada. Pero bajo el ropaje del tecnicismo, los tecnócratas del Ejecutivo, los Ministros y demás especialistas lobistas han impedido la participación de Petroperú en el upstream, actuando al servicio del capital privado, o de capitales particulares, favoreciendo a cualquier inversionista menos a Petroperú, como lo ocurrido en los casos de los lotes III y IV que fuera operado por Interoil y pasaron luego casi a dedo al Grupo Graña y Montero con el favor del Ministerio de Energía y Minas. En el caso del lote 64 bajo control de la empresa estatal desde el 2013, ahora está en “stand by” y con riesgo de ser devuelta, pues la última palabra para aprobar el plan de explotación y desarrollo de ese lote la tiene el MEF.

De la fragmentación al desprestigio

Bajo las premisas de reestructurar la economía, desplazaron al Estado como motor impulsor de la economía con las reformas de 1990, decían que el inversionista privado era el único eficiente; “el que lo puede todo”, así el capital público era el malo de la película. Luego continuaron con “la construcción del segundo piso”, siguieron privatizando y a la par iban debilitando toda inversión pública que aún quedaba en pie. ¿Y la regulación?: Un saludo a la bandera!!!

Así, en el sector petrolero se privatizó mal barateando los activos públicos, primero en 1992 con la venta de los grifos, luego vendieron Solgas a precio subvaluado, a fines de 1993 fueron las operaciones en altamar con Petromar (hoy operado por Savia Perú) y Petrolera Transoceánica, en 1996 la Refinería la Pampilla, después transfirieron los lotes 8/8X, X/XI (con reservas probadas), continuaron con la venta de las plantas lubricantes (Petrolube); alquilaron a la norteamericana Maple la refinería de Pucallpa, vendieron los terminales marítimos (hoy operados por Graña y Montero); de esta forma redujeron a Petroperú a las operaciones de cinco refinerías siendo la principal la refinería de Talara, además de comercializar combustibles como distribuidor mayorista y tener el control del Oleoducto Norperuano.

Cabe destacar que el proceso de privatización de 1990 al 2001 fue investigado por La Comisión de Delitos Económicos y Financieros del Congreso de la República, concluyéndose que los activos públicos (de todos los peruanos) en el caso de Solgas, Refinería la Pampilla, Petrolera Transoceánica fueron subvaluados y que existen indicios en la transferencia de los lotes petroleros de información privilegiada, pero dicha comisión no logro continuar el trabajo.

Destacamos también que Petroperú, en la actualidad, a pesar de estar reducida en la práctica como empresa refinera, es líder en ingresos en la economía peruana (desplazando a su competidor directo La Pampilla y a las empresas mineras), donde el 98% de sus ingresos proviene de la producción y comercialización mayorista de combustibles, el 1% del transporte de crudo por el Oleoducto y otro 1% restante son ingresos por servicios (almacenamiento, arrendamiento, alquiler, despacho de combustibles, operaciones de terminales, entre otros). Aunque en algunos períodos ha registrado utilidades reducidas o pérdidas como en el 2008 y 2014, debe saberse que en líneas generales la empresa estatal mantiene una buena rentabilidad y sus ganancias netas serían mayores si es que desde el MEF no se ocuparan en descapitalizarla.



Así es, a pesar de la trabas que le ponen a Petroperú desde el MEF, abastece con eficiencia el mercado interno de combustibles, pero tiene que asumir una serie de «Partidas Inusuales» y «Cargas Excepcionales» por su naturaleza de Empresa Pública, como es el no recuperar el IGV por las Ventas en la Amazonía desde 1999 hasta la fecha, asumir las Cargas Pensionarias de las Unidades Privatizada (S/ 65 millones anuales en promedio) y mantener Contratos Anti-económicos con empresas privadas. Todo ello le resta rentabilidad a Petroperú, sin embargo genera excedentes económicos positivos posicionándose en el primer lugar entre las empresas del sector con mayores ingresos, ganancias operativas y netas. Entonces: ¿dónde queda eso de que Petroperú es ineficiente y sólo genera pérdidas, como algunos “especialistas” arguyen?.

Como se dice popularmente en cada gobierno le metieron uña a lo que iba quedando de Petroperú, siguiendo políticas de pirañas, usándola como caja chica (recuérdese la remodelación de Palacio de Gobierno a finales del 2001), cargándole una serie de costos y gastos que una empresa privada como Relapasa (dueña de refinería La Pampilla), por ejemplo, jamás aceptaría, con el objeto de mostrar a Petroperú como ineficiente, ¿para qué?, para alimentar la campaña de desprestigio y así tener la excusa para terminar de extinguirla.


Es en este debate que sale a la luz el IGV no devuelto a Petroperú por la venta de combustibles en la Amazonía, donde el MEF para lavarse la mano como Pilatos cede y acepta la devolución del IGV, pero a partir de octubre de este año, así lo estipulan en el Decreto Supremo 266-2015-EF, pero los S/ 1,900 millones que le deben a Petroperú en 15 años no serán devueltos, es decir el Estado “le tira cabeza a su propia empresa”, cuyos montos servirían para asumir en gran parte los compromisos de inversión para modernizar la Refinería de Talara o para cubrir los requerimientos de inversión en el Lote 64. 


¿Por qué insistir en Petroperú?

La defensa de Petroperú como empresa estratégica, es la defensa por la soberanía de nuestros recursos naturales, la defensa por el consumidor y por capitalizar al país, pero manteniendo en armonía Estado y empresa con el medio ambiente y respetando los derechos de las comunidades.

No se trata de ningún capricho ver a Petroperú en forma integrada. En un escenario de crisis mundial y de disputas por reservas energéticas, tener el control público de algunos lotes petroleros para producir de manera eficiente y oportuna combustibles limpios y a precios justos, aliviaría la dependencia energética de comprar crudo y combustibles del exterior, con lo cual se alivia a la economía del país la salida de divisas para dichas compras.

Así, la modernización de la Refinería de Talara y la producción de petróleo de parte de Petroperú van de la mano y es que “del mismo cuero sale la correa” Con el flujo de caja que se iría generando con la explotación del lote 64 y el lote 192 se garantizaría el cumplimiento de las obligaciones que se van generando para modernizar la Refinería de Talara. Además al producir crudo se dejaría de importar o comprar en el mercado interno, aumentando la renta petrolera.

Además produciendo petróleo Petroperú se hará más transparente la estructura de costos para la determinación de los precios finales de los combustibles y se evitaría la especulación de que a pesar de ocurrir bajas en el precio internacional del crudo los consumidores sigan pagando precios altos.

Debemos recordar que los titulares del MEF y el MEM se oponían a modernizar la refinería de Talara y a fortalecer las operaciones de Petroperú y al igual que ahora sostenían que la empresa estatal no tiene condiciones para asumir ese proyecto, incluso deslizaron la idea de venderla. Así es que desde el MEF sacan la Ley 30130 a fines del 2013 para modernizar la Refinería de Talara con una inversión de US$ 2,730 millones, pero con dos condiciones: que se aumente de 20% a 49% la cantidad de acciones a venderse en Bolsa (Art. 3) y que Petroperú no emprenda ningún proyecto que le genere pasivos (reales o a futuro), mientras no pague los préstamos de Talara (Art. 6). En el fondo restringieron más a Petroperú y sus propios accionistas y directorio negaron la Ley 28840 de Fortalecimiento y Modernización de Petroperú.

Es decir por ley Petroperú puede operar lotes petroleros, pero ideológicamente consideran que los capitales privados o de particulares son los que deben operar en los lotes hidrocarburíferos, cuando en los hechos la presencia de capitales estatales en el sector ya tiene 20 años y de eso no dicen nada. Muchos investigadores ya publicaron en diversos medios, la presencia estatal de terceros países en el sector de petróleo y gas, dicha información figura en los reportes del Ministerio de Energía y Minas, así como Perupetro, y eso lo sabe Pro-Inversión, lo sabe el MEF, pues han negociado diversos contratos de inversión no solo para la explotación de petróleo. Así, tenemos la presencia de grandes empresas estatales provenientes de países vecinos como Brasil, Colombia y del continente Asiático.

Más del 43% de compras realizadas por Petroperú a los principales contratistas que proveen de bienes y servicios, principalmente por la venta de crudo a Petroperú, son con empresas contratistas cuyos accionistas principales son empresas estatales de terceros países.

Aspectos Pendientes

La aprobación por insistencia de la Ley que incorpora una cuarta disposición complementaria final a la Ley 30130 (Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la modernización de la refinería de Talara….), donde se estipula que Petroperú puede participar en la explotación del Lote 192, cuando culmine el contrato por dos años con la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, es positivo, es un avance en el proceso de defensa de los intereses nacionales en la actividad petrolera, sin embargo la norma dice que debe haber una evaluación de Perupetro y debe exceptuarse la aplicación del artículo 6 en el caso de suscribir el contrato del Lote 192. ¿Y si Perupetro no da el visto bueno? ¿Cómo queda el lote 64? ¿Y la posibilidad de participar en otros lotes? ¿Por qué no se pidió la derogación del art. 6 de la Ley 30130?

La experiencia nos enseña que desde el Ejecutivo una y mil veces han sacado la vuelta a las leyes, o han sorprendido con Decretos de Urgencia, desnaturalizando las normas originales. Además no hay garantías de que el MEF y el MEM muestren su apoyo, en este proceso de fortalecimiento.

Con este debate debe ponerse en agenda modificar los contratos petroleros para hacerlos más democráticos, donde la Ley de la Consulta, no sea una formalidad. No basta con un fondo del 0.75% del valor de la producción fiscalizada del lote 192, que beneficiará a las comunidades nativas del área de influencia, lo que debe exigirse es hacer más activo la labor reguladora del Estado, incorporando a las comunidades en buena parte del proceso del monitoreo ambiental. Así como se le exige a Petroperú las condiciones técnicas de operar lotes petroleros, ¿se encuentra preparada la empresa estatal para establecer políticas ambientales y sociales en el Lote 192 y en otras zonas del país?

(*) Investigador en energía, minas e infraestructura
pems.maldonado@gmail.com



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