Publicado en: Otra mirada *
Lunes 8 de Junio del 2015
En las últimas
semanas el país ha tenido que enfrentar el desabastecimiento del gas licuado de
petróleo (GLP). Los más afectados fueron las amas de casa y los transportistas.
El precio del balón de gas de 10 kilos se incrementó hasta en S/.8.00. En los grifos
el precio del GLP se triplicó y las colas de vehículos se tornaron
kilométricas. En el interior del país se bloquearon carreteras en señal de
protesta. No es la primera vez que ocurre un hecho de este tipo. ¿Cuántas veces
más se tendrá que exponer a la población a la escasez de recursos energéticos?
Las causas del
desabastecimiento que se deslizaron responden a problemas técnicos y
ambientales. La ruptura de un gaseoducto
en Anco (Ayacucho) registrado el mes pasado y la crecida del río Camisea (Cusco),
que generó la erosión en otro gaseoducto, influyeron negativamente en la
producción de combustible. Sumado a esto, el oleaje anómalo que se presentó en
las últimas semanas también dificultó el acceso al GLP, dado que la mayor parte
de este es transportado por vía marítima.
Por su parte
el gerente general de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas (ASEEG), Abel
Camasca, declaró que la demanda del GLP se ha quintuplicado en los últimos años
y que era responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas (MEM) prever esta
situación. También, señaló que no es posible que hasta el momento no se haya
ampliado la capacidad de almacenamiento del GLP. El Organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) procedió a sancionar a los establecimientos
que no contaban con las reservas del caso. No obstante, esta institución
tampoco informó a tiempo respecto al desabastecimiento que desde hace un mes
atrás se veía venir y cómo es que debía enfrentarse.
Esto es solo
una muestra de la desorganización con la que trabajan nuestras instituciones.
La improvisación persiste y la mejor forma de solucionar las cosas es
imponiendo multas que a fin de cuentas solo perjudican a los más débiles: los
pequeños distribuidores, el último eslabón de la cadena productiva de GLP. De
Pluspetrol y el monopolio que maneja con Repsol nadie dice nada. El Estado, de
brazos cruzados, permite que las transnacionales negocien como mejor les
parezca nuestros recursos. Incluso, contribuye a ello postergando una y otra
vez, gobierno tras gobierno, proyectos que permitirían acceder al combustible a
un precio más justo, como el Poliducto Pisco-Lurín.
Un proyecto
que nunca se concreta
El GLP puede
producirse del gas natural (GN) y del petróleo. El gas natural debería ser la
opción más económica dado que contamos con grandes yacimientos gasíferos.
Actualmente, el 96% del GLP que consumimos proviene de Camisea. Sin embargo,
carecemos de la infraestructura para transportarlo. El monopolio del transporte
está en manos de la empresa argentina Pluspetrol, que lleva el gas desde la
planta de fraccionamiento ubicada en Pisco hasta el puerto del Callao para su
distribución a nivel nacional. El traslado vía marítima implica un alto costo
de flete. Pluspetrol cobra $85 por flete de una tonelada de GLP. El Estado no
puede intervenir en la fijación de este monto pero sí podría hacer algo para
equilibrar el mercado.
Con la
construcción del Poliducto Pisco-Lurín se pensaba combatir precisamente este
monopolio. De realizarse esta obra, el GLP sería más barato hasta en un 15%,
cifra estimada en 2008 por la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(ProInversión). Esta obra de 240 kilómetros de longitud, permitiría transportar
hasta 30,000 barriles de GLP por día. El nuevo costo de transporte se fijaría a
$50 por tonelada de GLP. Considerable
reducción. Un beneficio para los consumidores finales que afectaría
directamente los intereses de los privados.
Y es por eso
que desde el 2008 hasta la fecha el proyecto no ha podido concretarse. Ese año
se entregó la buena pro a Poliductos del Perú, constituido por Graña y Montero
Petrolera y Oiltanking Perú. Sin embargo, se aplazó la construcción y debido al
incumplimiento en el contrato la empresa llevó al Estado a un proceso de
arbitraje. El poliducto quedó en el olvido hasta hace unos días. Ante la
presión mediática, el MEM ha declarado que en un plazo máximo de dos años el
proyecto estará concluido. Se tenía previsto que para el mes de Julio se
adjudicara la buena pro pero esta se ha reprogramado para Setiembre. La espera
nunca termina. Esta aparición parece ser otra medida desesperada con la que se
busca poner paños fríos a la situación.
Por otro lado,
en esta gestión se creó el Fondo de Inclusión Social Energético (Fise), a
través del cual las poblaciones de escasos recursos reciben un subsidio del
Estado de S/.16 para la compra de balones de gas. Pero esta no es la solución.
Es solo un paliativo, una medida populista promovida por el gobierno que no
contempla a todos los afectados sino apenas a una minoría. El precio del balón
de gas debe reflejar su costo real, libre de subsidios de este tipo, para
beneficio de todos los peruanos. En ese sentido, incluso se debería priorizar
el abastecimiento local de gas natural antes que la exportación, la cual se ha
negociado a un precio ínfimo.
Se trata de un
tema de seguridad energética y es evidente que nuestras autoridades no saben
administrar los recursos de todos los peruanos. Una vez más, los intereses
extranjeros se han establecido por encima del bienestar de la sociedad. En un
país productor y exportador de hidrocarburos como el nuestro, es imposible
creer que enfrentamos únicamente el
desabastecimiento de recursos energéticos. El problema es que estamos
ante la carencia de interés político de parte de nuestras autoridades para
revertir esta situación de una vez.
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