Publicado en el Diario La República *
Hace 10 años se realizó en Bolivia un referéndum
sobre el gas, durante el gobierno de Carlos Mesa. La cuestión es que el
consorcio Pacific LNG, formado por Repsol y British Gas, querían exportar el
gas boliviano construyendo un ducto hacia territorio chileno para salir al mar
y, en la costa, construir una planta de licuefacción (LNG). El gas sería
exportado a EEUU, al precio vigente en ese país, llamado “Henry Hub”.
La oposición a dicho proyecto fue muy grande y las
movilizaciones populares habían sido reprimidas por el gobierno de Sánchez de
Lozada. Después de más de 75 muertos, “Goni” fugó a EEUU, asumiendo el
vicepresidente Carlos Mesa. Las preguntas del referéndum eran simples y
directas.
Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo en derogar la
Ley de Hidrocarburos de Sánchez de Lozada? ¿Está usted de acuerdo con la
recuperación de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado
boliviano ¿Está usted de acuerdo con refundar YPFB, recuperando la propiedad
estatal de las acciones (…), de manera que pueda participar el Estado en toda
la cadena productiva de los hidrocarburos?
Las preguntas tuvieron una aprobación abrumadora y
dieron lugar, más adelante, al triunfo del MAS en diciembre del 2005. La
recuperación del gas para Bolivia fue la plataforma que permitió el salto de
Evo de dirigente cocalero a dirigente nacional. En el 2006 se promulgó la nueva
Ley de Hidrocarburos, que establece que el Estado boliviano es el propietario
de la molécula y dispone de manera soberana el destino de los hidrocarburos.
Esa fue la llamada “nacionalización del gas” que,
estrictamente hablando no es tal, puesto que las empresas privadas como Repsol,
Petrobras y Pluspetrol, entre otras, siguen operando. Lo que sucede es que
estas empresas producen el gas pero lo entregan a la estatal YPFB, que lo
comercializa. Con los nuevos contratos, el Estado recibe el 50% por concepto de
regalías. De su lado, a las empresas se le reconocen sus costos y sus
utilidades, previo pago del impuesto a la renta del 25%.
Es sobre la base de estos logros que el gobierno
negoció contratos de venta de largo plazo a Brasil y Argentina, a precios muy
superiores a los del Henry Hub de EEUU. Este es el sustento de la actual
fortaleza fiscal del país altiplánico.
En el plano político se aprobó una nueva
Constitución para el Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo sus
derechos. Y, sobre la base de los ingresos de las regalías de hidrocarburos, el
gobierno ha llevado a cabo una política masiva de inclusión social, instaurando
la Renta Dignidad, que es una pensión para mayores de 65 años que llegó a
835,000 personas en el 2012, por un monto de US$ 270 millones. También está el
bono Juancito Pinto (para incentivar la matrícula de los niños) y el Bono Juana
Azurduy (para la salud y nutrición de las mujeres embarazadas).
También ha tenido particular importancia que ahora
la “media luna” del oriente boliviano, antes impulsora de políticas
separatistas, ahora haya votado masivamente por Evo Morales. Se habla de una
relación amistosa con los empresarios de la Región.
El FMI dice en su último informe que Bolivia
crecerá en el 2014 por encima de su crecimiento potencial sustentado en el
sector hidrocarburos y un moderado impulso fiscal (1). Continúa diciendo que
espera que el superávit de la cuenta corriente se mantenga, pasando del 3.1 al
1.1% del PBI del 2014 al 2018 (en el Perú ya tenemos déficit de la cuenta
corriente).
Dice también el FMI que el resultado fiscal será levemente
negativo (-0.1% del PBI en el 2015) y que las autoridades tendrán éxito en
estabilizarla alrededor del 5% en los próximos años. No menos importante es
que, por primera vez desde los años 20, Bolivia salió a los mercados
internacionales con dos emisiones de bonos de US$ 500 millones cada una, no por
necesidades fiscales sino para crear una referencia (benchmark) para el sector
privado.
Hay todavía mucho por hacer en el campo de la
inversión, que llegará al 19.4% del PBI en el 2014 (en el 2009 fue 17%) con una
mayor inversión pública que privada, lo que es revelador.
En efecto, el gobierno ha emprendido un ambicioso
plan de industrialización a partir de los hidrocarburos. Ya se han montado dos
plantas de separación de líquidos del gas (Río Grande y Gran Chaco). También se
ha instalado una planta de licuefacción para transportar gas en camiones
cisterna. Y ya está por concluirse una planta de amoniaco y urea en Cochabamba
con una inversión de US$ 1,800 millones.
Y están en marcha los planes para la petroquímica
del prolipropileno y del etileno (la empresa Tecnimont está encargada de los
estudios), con inversiones de más de US$ 3,000 millones.
No todo es color de rosa y existen conflictos con
comunidades amazónicas y otras, por temas de tierras y de medio ambiente.
También persiste la informalidad y hay críticas por las sucesivas reelecciones.
La cuestión central es, sin embargo, que hoy los bolivianos son propietarios de
sus recursos naturales y los pueden destinar a gastos sociales, decidir adónde
los exportan y usar esa renta para impulsar su diversificación productiva. Lo
que explica el 60%, por las promesas cumplidas. No ha sido fácil y ha tomado
varios años de conflictos y fricciones. ¿Cuándo es fácil un cambio de esta
naturaleza? Pero ahora el rumbo de la
nave es más estable.
Mucho más de lo que se puede decir acá.
Lima, lunes 20 de octubre del 2014.
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