LA NECESARIA REESTRUCTURACIÓN DE PERÚPETRO

EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO

ESCRIBE: Jorge Manco Zaconetti (Investigador UNMSM)

Lo que está pasando con la empresa noruega Interoil que explota hasta ahora los recursos petroleros de los lotes III y IV en Talara demuestra una vez más la falta de estrategia y planeamiento del Estado en materia de energía, lo cual constituye una responsabilidad pública y no de las empresas privadas.

El organismo público que representa al estado en materia de hidrocarburos en cuanto a la promoción de la inversión privada, suscripción de los contratos, supervisión y fiscalización de los mismos es Perúpetro, organismo creado a inicios de la década de los noventa, cuando el gobierno del fujimorismo asumió la responsabilidad de privatizar aceleradamente y por partes a PetroPerú, contra toda lógica y criterio técnico.

Si se tiene presente que el principio fundamental de las empresas es la maximización de las utilidades se debiera reconocer que ello significa por oposición minimizar los ingresos percibidos por el estado. Esa es la lógica económica que está subyacente en la razón de ser de toda empresa, de allí la importancia de la defensa del interés público.

En tal sentido debiera ser preocupación central de Perúpetro promover los mayores compromisos de inversión y al mismo tiempo salvaguardar la mayor participación del estado en la riqueza creada, vía impuesto a la renta y regalías cuando se trata de recursos naturales no renovables como los hidrocarburos, al margen de las inversiones sociales propias de la responsabilidad social empresarial.

En nuestro país, los gobiernos sucesivos en esta materia reaccionan con políticas de corto plazo, contradictorias, bajo el influjo de una inmediatez que no asegura las mayores inversiones que demanda el sector de hidrocarburos para alcanzar la autonomía energética y recuperar un balance positivo en nuestra balanza comercial de hidrocarburos. Esta debiera ser una política de estado en el largo plazo, sea cual fuere el gobierno.

Sirva las diferencias de trato en relación a los contratos del sector.  Mientras a las empresas Graña y Montero, Petrolera Monterrico, Sapet, Maple Gas Corporation se les prórroga los contratos de explotación por diez años adicionales sin haber valorizado previamente las reservas probadas y probables que son propiedad de la Nación.

En el caso de Interoil se negoció un nuevo “contrato temporal” que no existe en la legislación que solamente reconoce los contratos de licencia y de servicios, con el agravante que en el futuro próximo transcurridos los doce meses, la empresa continué en las operaciones si gana la licitación pública que Perúptero está preparando para los lotes III y IV.

Por último, a la empresa petrolera de la Universidad de Ingeniería Unipetro, responsable de las operaciones en el lote IX pagando la tasa de regalías equivalente más alta,  se le prorroga el contrato por dos años. Y, en el caso

del lote 1-AB donde opera Pluspetrol Norte ahora denominado lote 192, cuya vigencia contractual vence en agosto del 2015, se piensa convocar a una licitación internacional para un nuevo contrato con una vigencia de 30 años.

Si se tiene presente que dicho lote (1-AB) firmado en 1971 durante la junta militar de gobierno del general Velasco Alvarado, ha sido prorrogado ya tantas veces; renegociado por el primer gobierno aprista  en 1986 cuando el contratista era la OXY. Con dicha renegociación su vencimiento contractual era en el 2007, sin embargo durante el gobierno de transición del Dr. Panigua (2001), siendo ministro del sector el señor Herrera Descalzi,  PerúPetro indebidamente prorrogó la terminación contractual del 2007 para agosto del 2015, cambiando la naturaleza del contrato de servicios a uno de licencia, donde el estado perdió la titularidad, es decir, la propiedad sobre los hidrocarburos, favoreciendo los intereses de la petrolera argentina Pluspetrol.

Esta debilidad institucional de Perúpetro en la defensa del interés público se explicaría por varias razones. Una se debe a la falta de autonomía económica, administrativa a pesar de las millonarias cifras que capta por concepto de regalías que financian en parte el canon y sobrecanon de hidrocarburos incluido el canon gasífero.

A ello se debiera agregar las restricciones presupuestales que le impone el ministerio de economía y finanzas y si a ello se suma la intervención política, con su dosis de corrupción que tiene como expresión suprema los diversos cambios contractuales que se hicieron desde el 2003 para favorecer el contrato de exportación del lote 56, como el llamado escándalo  de los “Petroaudios” que involucraba también a una empresa noruega coludidos con altos funcionarios de PerúPetro.

Desde mi punto de vista el estado ha perdido el norte en materia de hidrocarburos y se requiere una serie de reformas que involucren un consenso de la clase política respecto al rol del estado por medio de la regulación, y sobre qué hacer en relación con PetroPerú. Es más, la normatividad del sector debiera ser promotora de la inversión privada pero con responsabilidad social y ambiental, para que no se reproduzcan los pasivos ambientales del lote 1-AB que constituyen toda una tragedia, que el estado como siempre asumirá.

Existe una debilidad institucional en PerúPetro cuya dependencia del intervencionismo político de los gobiernos de turno amerita un cambio en la designación de sus directores; donde se debiera nombrar a un directorio intachable calificado técnicamente y éticamente, en un régimen parecido a la elección del Banco Central de Reserva por un período determinado.

En los últimos años los mejores cuadros de Perúpetro han fugado al sector privado o han sido captados por PetroPerú, lo cual demuestra la precaria capacidad negociadora y fiscalizadora de dicho organismo público. A ello debiera sumarse el rezago salarial de sus empleados y funcionarios en relación a las remuneraciones vigentes con cargos equivalentes en Osinergmin o en la petrolera estatal.

La precariedad de Perúpetro queda demostrada una vez más con el “affaire Interoil” . En este caso los problemas se avecinaban desde el 2011 cuando la empresa dejaba de invertir para incrementar  y/o mantener la producción en unos lotes que en la década de los noventa no producian ni siquiera los 1,000 barriles diarios.

Por el contrario, fue Interoil la empresa que asumiendo la responsabilidad productiva de los anteriores contratistas la que elevó la producción conjunta de los lotes III y IV extrajendo más 5,000 barriles diarios en su mejor momento de un crudo ligero que en su integridad abastece a la refinería de Talara (PetroPerú).  Sin embargo, desde el 2011 por la ausencia de un planemiento estratégico de parte del estado y falta de objetivos en el largo plazo la producción disminuía hasta los niveles de 2,600 barriles diarios afectando los ingresos fiscales y el canon (Piura) y sobrecanon regional (Tumbes)

A diferencia de las empresas Sapet o Graña y Montero, que operan en al misma región, las regalías abonadas por Interoil y Petrolera Monterrico superan la tasa del 49 por ciento que pueden ser consideradas como anormalmente altas, si se considera que Sapet (VI/VII) abona un tasa de 12.75 por ciento,  la empresa de la UNI una regalía equivalente superior al 70 por ciento, y Pluspetrol en el lote 1-AB abona un promedio de 30 por ciento.

Si bien las tasas de regalías en los lotes III y IV bordean el 49.20 por ciento, lo cual le permite al estado participar en la renta petrolera de manera significativa, se debe reconocer que tales tasas se fijaron en razón que la empresa titular de los contratos de los lotes III y IV no pagó por las reservas probadas y probables que transfirió PetroPerú en el proceso de privatización llevado a cabo a inicios de los noventa del siglo pasado.

En verdad, con el “contrato temporal “ de doce meses firmado con Interoil con el argumento de preparar las bases para una licitación pública Perúpetro no hace más que postergar una decisión que debió adoptarse a inicios del presente régimen.

Por la ley de fortalecimiento y modernización de PetroPerú, dichos lotes cuyos contratos vencieron o estaban próximos a su término, debieron ser asignados directamente a la petrolera estatal para alcanzar la integración vertical entre las operaciones de explotación, refinación, transporte, distribución mayorista y minorista pues esta constituye la forma racional, técnica y nacional de operar en el sector de hidrocarburos. Lo contrario es defender el interés privado en detrimento del interés público, de allí la necesidad de reestructurar PerúPetro.