lunes, 13 de enero de 2014

MALAS DECISIONES FINANCIERAS*

* Publicado en el diario La Primera el viernes 10 de enero

Por Germán Alarco Tosoni (Universidad del Pacífico)

El pasado 18 de diciembre se publicó la Ley 30130 sobre el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) y PETROPERÚ. El proyecto de Ley fue elaborado exclusivamente por los titulares del MEF y MINEM. En lo positivo, la Ley declara de necesidad pública e interés nacional el PMRT, autoriza su ejecución y aprueba el otorgamiento de garantías del MEF hasta por US$ 1,000 millones. En lo negativo se limita a la empresa a realizar otras actividades como la explotación de petróleo y se dispone que se privatice hasta un 49% de su capital social. Se omite equivocadamente mencionar los montos del proyecto que hubieran sido una buena señal para frenar las posibles pretensiones del contratista principal y los subcontratistas del PMRT para ampliarlo. 

El MEF ha manifestado, luego de estresar las proyecciones, que el proyecto tiene una tasa interna de retorno financiera del 9.6%, la cual es aceptable. Sin embargo, cualquier inversionista privado exigiría para invertir en un proyecto cualquiera al menos una tasa de descuento del 15%. Esto significaría que si el Estado invierte en el PMRT, con recursos de terceros US$ 2,730 millones, los privados que los adquieran sólo estarían dispuestos a pagar alrededor de US$ 1,740 millones. El resultado final, para información de la Contraloría General de la República, sería una pérdida que afectaría los intereses del Estado en casi US$ 1,000 millones por el cien por ciento del proyecto. Aún suponiendo que una reestructuración interna y la participación de privados mejoren los resultados financieros de la empresa en US$ 50 millones anuales, al momento de vender las acciones se tendría una pérdida de US$ 700 millones. Sólo la irracionalidad de los agentes económicos y una gran burbuja en el mercado de valores podrían disminuir esta pérdida.

La exigencia relativa a limitar el desarrollo de otros proyectos, especialmente en el upstream como el Lote 64 no sólo se enfrenta a la Ley sobre fortalecimiento e integración vertical de la empresa, sino que significaría dejar de percibir un valor presente neto de US$ 500 millones en doce años con una tasa de descuento del 15%. Asimismo, habría que tirar al basurero todo lo invertido en certificar reservas, en contratar empresas internacionales para definir las mejores opciones técnicas y financieras y la de un agente financiero internacional que estaba por encontrar los socios privados para el proyecto. 

La combinación de financiar, privatizar y limitar actividades no pasa la prueba de las matemáticas financieras básicas. Es imprescindible colectar firmas para derogar los artículos relativos a la privatización y limitación de actividades impuesta por la Ley. Hay que salvar nuevamente a PETROPERÚ y al Estado peruano de la ideología neoliberal, tal como se hizo con la iniciativa ciudadana en 2006.


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