viernes, 13 de noviembre de 2009

RESPUESTA DE QUIJANDRÍA AL GRUPO QUE INVESTIGA SOBRE LOS CONTRATOS DE CAMISEA

Introducción

La importancia del tema sobre los contratos de exportación del gas natural proveniente de los lotes 56 y temporalmente suspendidos del lote 88, están en el debate político y económico. Por ello, presentamos el artículo del señor Jaime Quijandría Salmón publicado por el semanario Caretas donde supuestamente hace sus descargos de las principales conclusiones y recomendaciones del Informe presentado por el congresista del APRA Carrasco Távara sobre el “Estudio y Propuesta de Revisión de los Contratos del Gas de Camisea y de los Contratos de Exportación del Gas de Camisea (lotes 88 y 56) que como primicia publicamos en nuestro blog y página web.

En verdad, la revista Caretas está en la obligación moral de otorgar la misma oportunidad al congresista Carrasco Távara para que pueda sustentar los principales resultados de su Informe que hasta ahora tiene la firma del congresista del Grupo Fujimorista Alejandro Aguinaga.

Con el ánimo de conocer las diversas posiciones sobre el tema y con el compromiso de comentar detenidamente cada una de las apreciaciones del señor Quijandría, es que publicamos el artículo de Caretas, donde el señor Quijandría se compromete acogerse a la colaboración eficaz. En verdad, la revista se equivoca al no señalar que los resultados de la investigación identifican “presuntos ilícitos” y no acusan de ilícitos que es una cuestión distinta.

Al margen de prematuros descubrimientos de gas creemos que los temas de importancia nacional, regional e internacional están en relación a la enajenación del gas natural del lote 88 y al contrato del lote 56, temas que deberán ser investigados en el Congreso de la República.

Jorge Manco Zaconetti


¡Me Declaro Culpable!

CARETAS concede derecho de réplica al ex ministro de Toledo. El informe elaborado por José Carrasco Távara, presidente del Grupo de Trabajo parlamentario que investiga el Contrato de Camisea, lo acusa de ilícitos.

Por: JAIME QUIJANDRÍA SALMÓN*

He tomado conocimiento de las Conclusiones y Recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo del Congreso sobre las modificaciones del Contrato de Camisea y la exportación de LNG. Sin haber leído el texto completo del Informe puedo comentar lo siguiente:
1) Se me acusa de haber cometido delito al realizar gestiones ante un organismo financiero internacional de un crédito (US$ 400 millones) para el proyecto de exportación de gas a cargo de Peru LNG. Admito haberlo hecho y más aún me siento satisfecho de haber convencido a once de los doce directores del Banco Interamericano de Desarrollo que la operación valía la pena aprobarla, pues beneficia tanto al país receptor como a los promotores del proyecto. Aceptando ser el “autor material” del delito, debo admitir que Luis Carranza, ministro de Economía y Finanzas, al designarme Director por el Perú y Colombia en el BID me instruyó sobre el interés del gobierno por la aprobación de dicho crédito. Eso lo convierte en “autor intelectual”. La lista no termina ahí. Hubo otras personas que me ayudaron en esta tarea. En primer lugar, Felipe Ortiz de Zevallos, en ese momento Embajador de Perú en EEUU, con quien me reunía mensualmente y le daba cuenta de mis actividades y del avance del crédito. Él organizó reuniones en la Embajada para brindar información a las ONGs que se oponían al proyecto. Entiendo que informaba de nuestras conversaciones a la Cancillería y a Palacio de Gobierno, aunque esto no me costa. También me ayudó Michael McKinley, actual Embajador de los EEUU en el Perú.

Una de las tareas más complicadas en este tipo de gestiones es saber cómo funciona la burocracia norteamericana. A partir de las opiniones de las distintas agencias gubernamentales el secretario del Tesoro instruye a su representante cuando el crédito llega a consideración del directorio. Estados Unidos tiene el 30% del capital del banco, por lo tanto su voto resulta crucial. Por último, Luis Alberto Moreno, actual presidente del BID, también jugó un papel importante en la gestión. Con su probada capacidad diplomática convenció de las bondades del proyecto a muchos congresistas, representantes de ONGs y a la prensa. Esto definitivamente convierte a los tres antes mencionados en cómplices del delito.

2) Dice el informe que viajé a México a promocionar la venta de gas cuando fui ministro de Energía y Minas (2001-2004). Efectivamente, no puedo negarlo, ya que dicho viaje fue autorizado por Resolución Suprema en la que se menciona el propósito del mismo. Debo admitir que participé en dichas gestiones convencido que la exportación de gas era una política explícita del gobierno, ya que así lo expresó en reiteradas oportunidades el propio presidente Alejandro Toledo. Tampoco fui el único en cometer este delito. Pedro Pablo Kuczynski y Glodomiro Sánchez, ministros de Economía y Energía, respectivamente, también viajaron a México a gestionar ante dicho gobierno la exportación de LNG a través de la Comisión Federal de Electricidad, empresa que finalmente licitó y adjudicó un contrato a largo plazo de importación a Repsol. Fuimos pues varios los que promocionamos la exportación y participamos en el ilícito.

3) Se afirma que manipulé los datos de las reservas de gas para presentar una situación diferente a la real y de esta forma se permitió la exportación de gas. Este es un delito que con toda franqueza me cuesta admitir, ya que la argumentación del Informe del Grupo de Trabajo es muy pobre. El Libro de Reservas es un documento que existe físicamente, aunque nunca tuve oportunidad de verlo, donde la Dirección General de Hidrocarburos lleva el registro de las reservas de petróleo y gas el último día de cada año.

Este dato sirve, entre otros, para fines de planificación energética y se basa en la información que presentan las empresas titulares de los diferentes lotes de exploración y explotación. Pero no se trata de un simple traslado de información, la DGH tiene su metodología (software canadiense) y su equipo de profesionales que determinan el nivel de las reservas de cada lote a incluirse en el Libro. Además, existen empresas que certifican reservas a solicitud de empresas o gobiernos. Por eso me cuesta pues entender cómo alguien que dejó la función pública en noviembre de 2004 y se fue a trabajar fuera del país pudo manipular los datos de reservas desde allá sin que cuatro ministros que me sucedieron en el cargo se dieran cuenta. Alguna prueba que no conozco tendrán para acusarme.

4) Dice el informe que presioné a Antonio Cueto, ex presidente de Perúpetro para que el lote 56 sirviera de base para un proyecto de exportación de gas. Lamentablemente Antonio ya no está con nosotros. Quienes lo conocimos y fuimos testigos de su integridad profesional no podemos aceptar que se quiera manchar su memoria de esa forma. Por eso esta es una acusación que simplemente no puedo aceptar. Antonio no era de los que se deja presionar y eso lo sabemos quienes trabajamos con él. Por otro lado, resulta un misterio cómo el Informe del Grupo de Trabajo recoge comentarios citados entre comillas, ya que uno de sus hijos me asegura que él nunca declaró, pues cuando fue citado se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de donde lamentablemente no salió con vida. El directorio de Perúpetro de esa época contaba con cinco miembros, no entiendo por qué no se convocó a los demás para confirmar si ellos también fueron presionados, ya que como consta en más de un documento la aprobación del Contrato del Lote 56 fue por unanimidad.

5) Al no mencionarlo imagino que el Grupo de Trabajo se ha convencido que nada tuve que ver con las modificaciones de los Contratos de los Lotes 88 y 56, propósito original de su trabajo.

No abundaré en otros temas cuando menos hasta que pueda leer el texto completo del Informe y logre atar algunos cabos que aún me quedan sueltos.

Lo que sí puedo adelantar es que una vez producida la denuncia, si esta se materializa, me acogeré a la Colaboración Eficaz, ya que tengo en mi poder documentación y correos que demuestran que en estos ilícitos participaron otras personas y es mi deseo colaborar con la justicia para esclarecer este asunto.


* Ex Ministro de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

Fuente: Caretas Nº 2104 / Páginas: 32 y 85 Fecha: 12 de Noviembre del 2009

4 comentarios:

Luis Gonzalez - dijo...

La quiere pegar de "sarcástico" pero la verdad es más grande que su cinismo. A LA REJA!!!

Carmen de la Puente dijo...

Dice que se acogerá a la Colaboración Eficaz?? Va a tener que recurrir a abogados más avispados que los de Laub & Quijandría, porque el artículo 7 de la Ley 27378 (ley de colaboración eficaz) dice que no podrán acogerse a sus beneficios: los jefes o cabecillas de organizaciones criminales y los funcionarios que tienen la prerrogativa de acusación constitucional.
Así que por angas y por mangas, Quijandría no podrá acogerse a la colaboración eficaz.
Y desde ya le digo: Tampoco a la confesión sincera.

Manuel Alvarado Romero dijo...

Qué dice la Ley 27378, Ley de Colaboración Eficaz?
Artículo 7°.- No podrán acogerse a ninguno de los beneficios establecidos en la presente Ley, los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones riminales, así como los altos funcionarios que tienen prerrogativa de acusación constitucional, sea cual fuere el delito cometido.

Hay algo que rescatar en la CONFESION del Señor Quijandría: Reconoce que cometió no uno sino varios delitos, al decir "... en estos ilícitos participaron otras personas".

Sólo queda que no haya en el Congreso de la República un silencio complice o peor aún, alguna estratagema por la cual no se apruebe Informe alguno.

Ya sabemos que Yamashiro no va a decir "esta boca es mía" ante la abundante evidencia de los ilícitos de Camisea; pero de los otros 4 se espera algo más que su hasta ahora pasiva conducta.

Oscar Benavides Zevallos dijo...

Señores:
Si el señor Quijandría ha CONFESADO públicamente que sí cometió delito y tiene pruebas de la complicidad o co-autoría de otras personas, ¿qué espera la Fiscal de la Nación que no le abre instrucción?

O esta es una burla más de la putrefacción en la que se encuentra la institucionalidad en el Perú?